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Inmigración ilegal: Esperanza socavada

Por AP.

NUEVA YORK (AP) — Nancy Reyes sueña con regresar a México para ver a la hija que dejó allí hace 10 años, pero dice que no se apresurará a acogerse a un plan federal anunciado que la protegería de la deportación y probablemente le permitiría viajar a su tierra natal. "Nunca he pagado taxes (impuestos) y eso me da miedo", dice Reyes, una inmigrante de 29 años que tiene otra hija nacida en Estados Unidos y que reuniría los requisitos para acogerse a la nueva medida. "¿Me harán pagar por todos los años que no pagué? ¿Habrá multa?", pregunta la hispana. El dinero representa un serio obstáculo para esta joven mexicana que vive en Manhattan con su segunda hija y su marido, que trabaja como jornalero, y que debe pagar 1.100 dólares mensuales de alquiler, más facturas. "A veces no alcanza", murmura Reyes, un ama de casa bajita, de pelo negro.

La esperanza de otra vida.

Y es que los entre cuatro y cinco millones de inmigrantes sin autorización que se beneficiarían de las acciones ejecutivas anunciadas el 20 de noviembre por el presidente Barack Obama deberán pagar una tarifa de 465 dólares, resolver el tema de los impuestos, demostrar que han vivido de forma continua por más de cinco años en Estados Unidos, que no cuentan con un historial policial y que tienen hijos nacidos en el país o que son residentes permanentes.

Estos requisitos, y factores como el miedo a salir de las sombras o el hecho de que las nuevas medidas son temporales, podrían frenar a muchos.

Esa reticencia se hizo evidente con el actual programa de suspensión temporal de la deportación de jóvenes que fueron traídos de forma ilegal a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños: sólo dos tercios de los llamados "dreamers", o soñadores — un 64% — del 1,1 millón de jóvenes que se calcula son elegibles han enviado solicitudes al gobierno que han sido aceptadas para ser procesadas, según los últimos datos federales, emitidos a finales de septiembre.

El programa arrancó en agosto del 2012 y, hasta ahora, sólo unos 632.000 jóvenes se han beneficiado.

"Algunos se preguntan cómo van a pagar y, aunque hemos hechos esfuerzos para difundir la información, hay personas que todavía no saben qué es (el actual programa de suspensión de deportaciones)", dijo Laura Vázquez, analista de asuntos de inmigración para el Consejo Nacional de La Raza.

El mes pasado Obama también anunció que ampliaría el programa: eliminó el requisito de ser menor de 31 años e incluyó a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente por sus padres antes del 2010, en lugar de junio del 2007, que era la fecha previa.

José Palacios, un mexicano de 23 años que vive en Tampa Bay, Florida, no se ha acogido al programa para jóvenes porque le resulta difícil demostrar que ha vivido de forma continua en el país.

"Después de obtener mi diploma en la escuela tuve que empezar a trabajar en construcción, cobrando en efectivo, para un empleador también indocumentado. No tengo documentos que demuestren ese periodo de tiempo", declaró Palacios, quien fue traído al país por su madre soltera a los cuatro años, según dijo.

Un sondeo del Immigration Policy Center reveló que más de un 43% de jóvenes elegibles que no se acogieron al programa no lo hicieron porque no pueden pagar la tarifa de 465 dólares, mientras que un 22% asegura que no consigue reunir la documentación necesaria. Un 17% no lo ha hecho debido al temor a repercusiones legales y otro 10% no sabe cómo hacerlo, señala la encuesta, publicada en junio del 2014. Por otro lado, casi un 15% reportó que no se ha acogido al plan por miedo a enviar su información al gobierno, dice el informe.

Muchos padres inmigrantes podrían sentir lo mismo ahora.

Según los expertos, los temores incluyen desde la posibilidad de tramitar mal algún documento hasta la perspectiva de que tengan que nombrar a un pariente que está en el país sin autorización y no puede acogerse al programa. La falta de educación e información son también obstáculos, al igual que la falta de transporte público en zonas rurales del país, donde acudir a un centro de ayuda a inmigrantes para despejar dudas puede tomar horas.

Según Mark Rosenblum, del centro de análisis Migration Policy Institute, la temporalidad del programa, que sólo es vigente durante tres años, al cabo de los cuales tendrá que ser revalidado o descartado, puede representar un freno para muchos.

"No sabemos qué pasará en el futuro. Le tocará al siguiente presidente renovar el programa o a un futuro Congreso lograr una solución permanente para inmigrantes sin autorización y para aquellos que se pueden beneficiar de estas acciones ejecutivas", señaló.

El ecuatoriano Manuel Contreras afirma que le preocupa el que las medidas no sean permanentes.

"Nos dan una oportunidad pero no por mucho tiempo", dijo el inmigrante de 50 años, que vive en Queens desde el 2001 y tiene un hijo de 10 años nacido en el país. "Tengo dudas, no más, porque dicen que es por tres años. Habrá que llamar a un especialista o abogado para que ver qué pasa luego, si nos deportan o qué. Me hubiera gustado por lo menos, una amnistía para los inmigrantes".

Obama dijo la semana pasada que los inmigrantes no deberían temer la temporalidad de las medidas y que los que se acojan ahora probablemente "estarán en una mejor posición" de sacarle provecho a una posible futura reforma migratoria que abra la vía a la naturalización de inmigrantes no autorizados.

Doris Meissner, también del Migration Policy Institute, destacó otro obstáculo: "Demostrar una residencia continua de cinco años en el país será probablemente algo difícil, que requerirá asistencia por parte de intermediarios en la comunidad, para que la gente pueda prepararse".

Vázquez, de La Raza, dijo que precisamente podría ser más difícil para padres e inmigrantes adultos que para jóvenes demostrar esa residencia continua si éstos trabajan en el campo o se han trasladado de lugar varias veces en los últimos años. También es complicado demostrar presencia continua en el país si no se va a la escuela o uno se graduó hace muchos años, ya que un centro educativo puede proveer documentos útiles, dijo Lorella Praeli, de la organización United We Dream.

Según los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, las solicitudes para acogerse a los nuevos programas se aceptarán en el 2015 y se espera que se tome una decisión sobre ellas "antes de finales del 2016", un año de elecciones presidenciales. Un cambio de clima político y de gobierno en el país, que podría alterar las acciones ejecutivas de Obama, provocaría aún más incertidumbre entre la comunidad inmigrante, opinan algunos.

Por otro lado, la desinformación es palpable, asegura Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles.

Hay jóvenes que siguen llegando a las oficinas de esta organización pensando que son satisfacen los requisitos del plan de suspensión de la deportación aprobado en el 2012.

"Muchos creen que es sólo para jóvenes que han completado estudios y no es así. Nos dicen, 'Oh, yo pensaba que sólo era para jóvenes que van a la universidad", explicó Salas. "Si no terminaron la escuela, pueden ponerse a estudiar y pueden calificar (satisfacer los requisitos)".

Obama ha viajado por el país animando a inmigrantes a acogerse a las medidas, al igual que hacen ahora muchas organizaciones y hasta algunos gobiernos municipales y estatales.

Más de una docena de alcaldes se reunieron en Nueva York hace poco para coordinar la implantación de los nuevos programas de suspensión de la deportación.

"Creo que el miedo que tienen algunos inmigrantes no es infundado, pero lo más práctico es sacar provecho de estas iniciativas", señaló el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.